CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN, Y A LOS TITULARES DE LA SSP, DE LA PGR Y DE LA PROCURADURÍA LOCAL A ADOPTAR MEDIDAS O ACCIONES PARA ESCLARECER LA DESAPARICIÓN DE TRES JÓVENES EN PARACHO, A CARGO DE LA DIPUTADA NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El grado superlativo del fenómeno delincuencial ha provocado el aumento de las desapariciones forzadas de personas en la última década; actividades como el secuestro de civiles, la venta de estupefacientes y de armas, así como las extorsiones, robos y asesinatos por encargo.
En este escenario funesto el gobierno es el principal responsable, ya que por un lado se ha resistido a reconocer el carácter, la naturaleza y las dimensiones del problema, adoptando una actitud nihilista, y por otro, la sistemática ineficacia y decrepitud de las políticas económicas y de seguridad han acentuado la desigualdad, han polarizado a la sociedad, y por ende, han detonado el incremento de la violencia.
A la luz del derecho internacional humanitario, México vive una guerra irregular o “conflicto armado”, en el que sectores sociales y regiones enteras de la población civil requieren ser protegidos, al resultar crecientemente afectados por estas hostilidades.
Hoy en día, en el contexto de esta guerra irregular, hay miles de niños muertos en enfrentamientos armados; alrededor de 300 mil mexicanos desplazados de su lugar de origen por la violencia; más de 90 mil muertos, y más de 10 mil centroamericanos secuestrados sólo el año pasado.
Lo anterior hace más que justificada la intervención de los organismos regionales y mundiales de protección de los derechos humanos, y la aplicación de los estándares internacionales en la materia.
De ahí que, con frecuencia, diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos no gubernamentales hayan expresado su preocupación por el clima de violencia e impunidad que ha propiciado violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, en su visita el pasado marzo del presente año a nuestro país, señaló “que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. “Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del gobierno”.
Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales, y el grupo de trabajo reconoció el derecho y el deber del estado de perseguir la criminalidad, sin embargo, los expertos dijeron, “no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado”.
El grupo de trabajo también indicó que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, ni en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. “La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte
o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones”.
El diagnóstico de este grupo de expertos de la ONU ha sido coincidente con las declaraciones de diversos actores desde la dimensión institucional y desde la sociedad civil. El Estado mexicano mismo, ha reconocido en no pocas ocasiones su responsabilidad internacional, derivada de la violación de los dispositivos consagrados en instrumentos como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Un caso paradigmático lo encontramos en un lamentabilísimo hecho ocurrido recientemente, en el que tres de nuestros compañeros de labores y amigos; Luis Enrique Nava Castañeda de 28 años, coordinador de las juventudes capitalinas del partido Movimiento Ciudadano, y los psicólogos Diego Antonio Maldonado Castañeda de 34 años y Ana Belem Sánchez Mayorga de 32 , fueron reportados como desaparecidos en Parcho, Michoacán , luego de participar el VII Festival Internacional de Globos de Cantoya, el 22 de julio de 2012.
Familiares del dirigente juvenil de nuestro partido informaron que los tres jóvenes fueron vistos por última vez durante el encuentro cultural realizado en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, al que acudieron por contratación para impartir cursos y talleres infantiles.
Según las primeras indagatorias, informó Guadalupe Nava , madre de Luis Enrique, él y sus dos acompañantes fueron extraídos por la fuerza del hotel Santa Fe, ubicado en el centro de Paracho, durante la noche del sábado 21 de julio, por un grupo de sujetos cuyas características no pudieron ser establecidas, ya que el empleado señaló que estaba en la recepción del hotel y, por miedo, se escondió durante los hechos, el mismo dijo que no vio nada: “que no vio quiénes se los llevaron”.
Cabe destacar que los encargados del hotel no reportaron este hecho sino hasta el día siguiente.
La desaparición de los tres jóvenes fue denunciada ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Los familiares informaron que se iniciaron diligencias tanto en Paracho como en Morelia, la capital del estado, para su localización, sin que a la fecha se tenga alguna respuesta por parte de las autoridades al respecto.
Cabe destacar que tanto Luis Enrique Nava, como Diego Antonio Maldonado fueron parte del equipo de campaña de Maricela Contreras para la delegación Tlalpan, y participaron también en la promoción del voto en favor del candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en los pasados comicios.
Exigimos con encomio que se investigue el paradero de nuestros compañeros y amigos, que se sancione a los responsables y que se garantice el derecho a la verdad. Con tristeza caemos en cuenta que este no es un caso aislado; son miles las personas que han sido víctimas de hechos atroces como los que hoy nos ocupan. A todas ellas les extendemos la mano y nuestro incondicional apoyo.
No permitamos que ante la anuencia, la incompetencia o indiferencia de las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, los familiares y amigos de Luis Enrique Nava Castañeda, Diego Antonio Maldonado Castañeda, y Ana Belem Sánchez Mayorga , nos veamos en la necesidad de transitar por el tortuoso camino del sistema interamericano de derechos humanos, con la esperanza de encontrar la justicia y la verdad que no garantizan las dependencias de nuestro país.
En donde con seguridad, eventualmente, se declararía la responsabilidad del Estado mexicano, y la obligación ineludible de reparar el daño, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar las medidas que garanticen que tales violaciones graves a los derechos humanos no se repitan.
Responsabilidad que no recae solamente en las autoridades del estado de Michoacán, sino que es el Estado mexicano como tal, el principal obligado en evitar, por todas las vías, la vulneración a los derechos fundamentales de sus gobernados.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía, se exhorte al gobernador del estado de Michoacán, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y de la procuraduría local, a efecto de que a la brevedad adopten las medidas o acciones necesarias para esclarecer la verdad en torno a los hechos sobre la desaparición de los tres jóvenes el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán; identificar y sancionar a todos los responsables de la desaparición, y darle la atención debida a los familiares de las víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)