Enrique Peña Nieto: Continuidad de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia este 1 de diciembre, sabemos, desafortunadamente, que como organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que luchamos por erradicar las desapariciones forzadas en el país, nos esperan tiempos difíciles.

Peña Nieto representa la profundización y perfeccionamiento de una política -que ya anunció- será de continuidad de la “guerra contra la delincuencia organizada”, guerra que  como sabemos, en los seis años de gobierno de Felipe Calderón, dejó más de 100 mil homicidios dolosos y más de 10 mil desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad que permanecen en la total impunidad y que se verán incrementados en los próximos años, de continuar con esta política de seguridad nacional.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada durante estos dos años hemos documentado el incremento alarmante de casos de desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, exaltando también el enorme incremento de casos en todo el país de desapariciones forzadas, en contra de personas que no tienen un activismo político, evidenciando con ello que la desaparición forzada es una política del Estado mexicano. En el 2011 en nuestro informe Sobre desaparición forzada en México presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (marzo del 2011), documentamos los casos de 30 luchadores sociales que fueron desaparecidos del 2005 al 2011, sin embargo, en su informe final el Grupo de Trabajo menciona que organizaciones de derechos humanos tenían documentadas hasta el 2010 alrededor de 3000 desapariciones forzadas en el país[1], cifra que desafortunadamente se ha visto incrementada en el último año.

En el Informe Sobre la desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012, presentado por la campaña, documentamos tan solo de enero del 2011 a febrero del 2012, otros 30 casos  de defensores de derechos humanos que fueron desaparecidos por elementos del ejército y grupos paramilitares, con lo cual se muestra que hubo más desapariciones en este año, en relación a los cinco años anteriores. Así como también se incrementó la denuncia de diversas organizaciones que hablan de más de 10 mil y de hasta más de 30 mil desapariciones forzadas en los seis años de gobierno de Felipe Calderón.

Como organizaciones de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación ante la llegada de Enrique Peña Nieto, porque este dará continuidad a esa estrategia de combatir, no al narcotráfico, si no al pueblo y a las organizaciones que se manifiestan y organizan para defender los derechos humanos en el país. La continuidad de esta política traerá consigo el incremento de crímenes de lesa humanidad, como ya lo estamos viviendo, y que, sabemos perfectamente, el PRI ha sido uno de los principales responsables de cometerlos, pues aún siguen en total impunidad los más  de 1200 casos de desapariciones forzadas que se cometieron durante el periodo de la guerra sucia,   y que miles de familias siguen exigiendo y esperando que se encuentre a los desaparecidos y se castigue a los criminales.EPN representa a ese partido de antaño, que no ha cambiado, a ese  gobierno represivo, autoritario, que ha marcado la historia de nuestro país por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido.

Con Calderón no sólo se bañó de sangre a nuestro país, sino que también se prepararon las reformas llamadas “estructurales”, las cuales, como sabemos no traerán beneficios para el pueblo, sino al contrario, traerán consigo una mayor pobreza y la legalización de aquello que era ilegal, con la finalidad de acotar la libertad del pueblo a manifestarse y organizarse, violando así, el derecho que tenemos a la protesta social.

Los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por Felipe Calderón, hasta ahora, se quedan en la impunidad, pero es nuestro deber y derecho exigir el juicio y el castigo para él y sus cómplices, por lo que hacemos el llamado a sumar esfuerzos para que Calderón sea enjuiciado y castigado por crímenes de lesa humanidad y exigir a Peña Nieto el esclarecimiento de estos crímenes.

Las manifestaciones de rechazo a la llegada de Peña Nieto son una muestra de la inconformidad que se vive en el país por la sistemática violación a los derechos más fundamentales del pueblo, y es evidencia del contexto que se avecina. Por esta razón, es importante que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y de victimas en el país, nos mantengamos al tanto de lo que ocurra para denunciar y exigir que nuestros derechos humanos sean respetados.

Como Campaña  exhortamos Peña Nieto a garantizar y respetar los acuerdos que nuestro país ha firmado y ratificado en materia de desaparición forzada, y a todo el pueblo a defender y a exigir el derecho que tenemos a no ser detenidos desaparecidos. Es nuestro derecho  exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país y el castigo a los responsables. Tenemos derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como también a preservar la memoria de nuestros desaparecidos, que tanto nos han querido arrebatar.

Por ello como campaña nacional contra la desaparición forzada, volvemos a insistir en nuestras demandas:

1) Que el Estado adecué del marco jurídico interno, incluyendo la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se  prevenga, sancione  y erradique la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas.

2) Que se reforme el artículo 215 del Código Penal Federal para armonizar el tipo penal federal de desaparición forzada de personas a los más altos estándares internacionales en la materia y se tipifique el delito de desaparición forzada conforme al estándar internacional en todos los estados de la república donde no esté tipificado.

3) Que se reformen los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;
4) Que se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar para armonizarlo con lo dispuesto por el artículo 13 constitucional y los estándares internacionales en la materia, lo cual deberá incluir la prohibición expresa de la extensión de la jurisdicción militar respecto de todos aquellos delitos que constituyan una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como la exclusión de la jurisdicción militar en todo caso en el que se hallen involucrados civiles, independientemente de que tengan carácter de sujetos pasivos o activos.

Por último, queremos decir que como Campaña nacional contra la Desaparición Forzada, continuaremos redoblando esfuerzos, por que en nuestro país, el derecho a no ser detenido desaparecido sea respetado, así como también seguiremos en nuestra labor de acompañar a las víctimas de esta terrible práctica y en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.

Por la presentación con vida de todos los desaparecidos en México. Juicio y castigo a los responsables.

A exigir nuestro derecho a no ser detenido desaparecido por el Estado.

Atentamente

Coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada:

Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C. y Nomásvíctimas.org.
Fuente:

http://notas.reflexionenlinea.com/?p=23017

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